😱 España🇪🇸: el Gobierno reconoce que en los últimos 5 años no ha logrado cobrar ninguna de las sanciones impuestas a operadores de juego en línea extraterritoriales

😱 España🇪🇸: el Gobierno reconoce que en los últimos 5 años no ha logrado cobrar ninguna de las sanciones impuestas a operadores de juego en línea extraterritoriales

Las sanciones pendientes de cobro ya superan los 465 millones de euros.

🔣 Los operadores sin licencia sancionados debían pagar las siguientes cantidades:

💲 2022: 128.427.500 euros
💲 2023: 150 millones de euros
💲 2024: 96 millones de euros
💲 2025: 51 millones de euros
💲 2026: 40 millones de euros

🔣 Fuente de los datos: las cifras proceden de una respuesta escrita del Gobierno a una consulta del Partido Popular (PP).

🔣 ¿Por qué no se han cobrado las multas? Las autoridades encargadas de ejecutar las sanciones señalan varias dificultades:

👻 Estructuras corporativas opacas de las empresas infractoras
👻 El carácter transfronterizo de sus actividades
👻 La facilidad para cambiar dominios y servicios tecnológicos

🔣 ¿Qué hacer ⁉️ El poder ejecutivo reconoce abiertamente que no dispone de mecanismos para recuperar las cantidades mencionadas. Sin embargo, el Gobierno sostiene que “la eficacia de las medidas administrativas no debe evaluarse únicamente con este criterio, sino también por la capacidad de las autoridades para detectar, interrumpir, bloquear e impedir ofertas no autorizadas de juegos de azar dirigidas a los consumidores españoles”. La detección y el bloqueo resultan relativamente comprensibles, pero sigue habiendo dudas sobre cómo se logra interrumpir e impedir estas actividades.

🔣 Resultados: entre los logros señalados por el regulador figuran el cese de la captación de jugadores españoles (❓), la restricción del acceso desde España a plataformas ilegales y la reducción de su visibilidad en motores de búsqueda, redes sociales, sitios web de afiliados y canales publicitarios. El Gobierno destaca que las medidas adoptadas contra los operadores ilegales pueden (❗️) dificultar su acceso a sistemas de pago y proveedores tecnológicos, dejar constancia de las infracciones en documentos administrativos e impedir que las empresas accedan posteriormente al mercado regulado.

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